Devesa 27 julio

El mundo tal y como lo conocemos está en plena revolución tecnológica, eso ya nadie lo duda. Las nuevas tecnologías como el Big Data, la Inteligencia artificial, el Internet de las cosas y personas, Cloud computing, blockchain, etc,… están hoy ya en la boca de todos al igual que hace años empezamos a oír eso de “los mercados”, “la prima de riesgo”, etc, etc.

Empero, como entonces, este fenómeno de la digitalización impregna todas las capas y sectores de la sociedad y de la economía que, precisamente debido a ello, están hoy hiperconectadas. Y es en este despliegue de efectos en todos los ámbitos donde hay que incluir y señalar los dos ejes más importantes de la transformación digital: transversalidad y mutidisciplinariedad.

En el sector legal, por ejemplo, con ocasión de esta digitalización ambos ejes están marcando el rumbo de los desafíos a los que nos enfrentamos: nada escapa a la digitalización ya sea en el core o en el soporte del sector legal y todo aspecto que deba digitalizarse en el sector legal termina con equipos multidisciplinares para asegurar el buen fin del proceso.

La transversalidad de la digitalización en el sector legal nos lleva a abordar cuestiones de peso desde el mismo momento de la categorización de sus efectos. Por ejemplo, la distinción conceptual, todavía en discusión, acerca de la terminología con la que designar los efectos de procesos de transformación digital en el sector y que ha llevado a algunos a hablar de “Legaltech” para referirse a todo tipo de herramientas o procesos de digitalización que ayudan a los operadores jurídicos a prestar sus servicios (software de gestión de despachos, evidencias digitales, automatización de tareas, búsqueda de información, cumplimiento normativo, etc,..) y de “Lawtech” para denominar a todos los productos y servicios de carácter legal (contratos on line y toda clase de formularios, reclamaciones automatizadas en masa frente a bancos, compañías áreas, multas, etc,..) que venían siendo prestados normalmente por operadores jurídicos y que nuevamente, como ya ocurriera con el fenómeno de los GIPES y los APIS hace años, han visto desafiados los límites de los sectores tradicionales y los prestadores de servicios para una misma necesidad con todo lo que ello implica desde el punto de vista regulatorio, responsabilidad, etc,..

En cuanto a la interdisciplinariedad, a nadie escapa ya tampoco que los operadores jurídicos están siendo adelantados por otros profesionales (ingenieros, informáticos, etc,..) en el desarrollo y entendimiento de los procesos a través de los cuales aquellos veníamos prestando nuestros servicios, como vemos con la Lawtech y lejos de intentar frenar dicha tendencia con regulaciones que se desfasan en cuestión de meses, deberíamos, en mi opinión, como hacen el resto, abrazar la tecnología e incorporar desde los estudios universitarios, como otrora ya hicimos en los planes de estudio de Derecho con la contabilidad, materias y habilidades que permitan al menos entender el idioma en el que el “otro” código nos habla: el código informático. Entender el lenguaje de la digitalización, que ojo no implica que los operadores jurídicos nos pongamos ahora a programar, ni mucho menos, abre todo un mundo de opciones al sector legal para incrementar la eficacia y eficiencia de sus procesos y adelantarse a la concurrencia de nuevos competidores que vienen de esos otros mundos.

Todavía hoy seguimos, en la mayoría de os casos, afrontando el reto de la digitalización de nuestro sector con la compra de tecnología, sin más. Cuando, en realidad, lo que deberíamos hacer es reflexionar estratégicamente -como hace cualquier empresa u organización profesional-,  sobre qué hacemos, cómo lo hacemos, para quién lo hacemos y dónde y cuándo lo hacemos. Solo así podremos detectar necesidades reales de nosotros y nuestro clientes y definir los procesos a través de los cuales satisfaremos las mismas y solo llegado a este punto podremos evaluar opciones y seleccionar la incorporación de herramientas digitales a nuestros procesos de negocio, compradas o diseñadas por la propia organización.

 

Juan José Cortés Vélez

Of Counsel del Área Compliance y Legaltech de Devesa & Calvo Abogados

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